En la CDMX, ya no se necesita una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese poder para definir antiguos conflictos de vivienda, al expulsar a los vecinos sin darles la oportunidad de defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario, sin intervención de un juez.
1. Aseguramiento exprés. Poner en custodia objetos que estén vinculados al crimen investigado, es una potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero cuando lo que se asegura es un edificio habitado, se encubre un desalojo extrajudicial tras el eufemismo. Asegurar un edificio es tomarlo por la fuerza y en los expedientes analizados se evidencia cómo esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental, como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la emisión de órdenes de desalojo.
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2. Penaliza lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur, hasta que fue absuelto.
3. Cambia el suelo de manos. Comparados al total de denuncias por despojo recibidas, es baja la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021. Sin embargo, el 61 por ciento de ellos fue entregado a los denunciantes. Para esto, tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.
Con información de Aristegui Noticias.
