El Gobierno de México anunció que las 26 escuelas identificadas en el país como “militares” no podrán operar bajo ese esquema durante el próximo ciclo escolar, al considerar que este tipo de enseñanza no cuenta con reconocimiento dentro del sistema educativo nacional.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que ninguna institución educativa con características de militarización iniciará actividades bajo ese modelo.
“No vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo”, afirmó el titular de la SEP.
La decisión forma parte de una revisión realizada por las autoridades educativas federales, quienes concluyeron que este tipo de planteles no se apegan a los principios establecidos en la legislación educativa mexicana.
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Preocupan denuncias por maltrato y violencia
Mario Delgado explicó que, además de la falta de reconocimiento legal, se han documentado casos relacionados con presuntos abusos, maltratos y prácticas violentas dentro de algunas de estas instituciones.
Según las autoridades, varios de estos centros educativos promovían una disciplina basada en esquemas de formación militar, situación que generó preocupación por el impacto que podría tener en niñas, niños y adolescentes.
El funcionario señaló que la educación en México debe regirse por principios pedagógicos, de respeto a los derechos humanos y al desarrollo integral de los estudiantes, por lo que cualquier modalidad que se aleje de estos lineamientos será revisada por la autoridad correspondiente.
Modelo educativo no está contemplado en la ley
La SEP reiteró que el sistema educativo nacional no contempla la existencia de escuelas militarizadas como parte de la educación básica o media superior.
Por ello, los planteles que operaban bajo esta modalidad deberán ajustarse a los programas educativos autorizados o enfrentar las medidas administrativas que correspondan.
Las autoridades federales indicaron que continuarán supervisando el funcionamiento de estos centros educativos para garantizar que cumplan con la normatividad vigente y ofrezcan condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes.
Con esta medida, el Gobierno federal busca reforzar la vigilancia sobre los modelos educativos privados y asegurar que todas las instituciones operen bajo los principios establecidos por la Constitución y la Ley General de Educación.
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