México, 28 de Mayo – El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ha otorgado una suspensión definitiva en relación al amparo presentado en julio de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil, en respuesta a las afectaciones ambientales causadas por el proyecto del Tren Maya.
La suspensión definitiva implica la suspensión o paralización de cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos correspondientes a los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal).
Esto significa que no se permitirá la remoción de vegetación forestal en áreas que estén fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El Juzgado de Distrito consideró que las personas que interpusieron el amparo demostraron su interés legítimo al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo, así como su vínculo con los servicios ambientales que brinda el ecosistema afectado.
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Además, el Juzgado retomó el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual señaló que las autorizaciones provisionales emitidas en base al Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no reemplazan las autorizaciones que requieren un estudio técnico y científico previo a la obra.
La falta de dichas autorizaciones pone en riesgo al ecosistema donde se llevará a cabo el proyecto, ya que se permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que podrían ocurrir. En muchos casos, los daños ambientales son irreparables.
En consecuencia, llevar a cabo actividades de tala y desmonte para la construcción del megaproyecto del Tren Maya sin haber obtenido las autorizaciones de cambio de uso de suelo podría ocasionar una afectación en el derecho de las comunidades y organizaciones a un medio ambiente sano, con consecuencias irreparables.
Las comunidades y organizaciones han hecho un llamado al Poder Judicial para que se mantenga y ejecute la suspensión definitiva, ya que solo de esta manera se garantiza el respeto a sus derechos humanos ambientales.
También han solicitado a las autoridades judiciales actuar con mayor diligencia en este caso, ya que las autoridades responsables no han cumplido con las determinaciones establecidas en suspensiones anteriores.
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