La administración de Donald Trump aprobó el viernes un ambicioso proyecto de perforación petrolera en aguas ultraprofundas del Golfo de México, pese a las protestas de legisladores demócratas y organizaciones ambientalistas que advierten sobre los riesgos para la vida marina y las comunidades costeras.
El proyecto, desarrollado por la británica BP, contempla una inversión de 5 mil millones de dólares en el yacimiento Kaskida, ubicado a unas 250 millas de la costa de Luisiana. La compañía proyecta perforar seis pozos que producirán 80 mil barriles de petróleo diarios a partir de 2029, en una zona del lecho marino que se estima contiene 10 mil millones de barriles de crudo.
Se trata del segundo proyecto de aguas profundas de BP en el Golfo desde la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, que provocó el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.
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Riesgos en aguas extremas
La aprobación del plan de producción por parte de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), dependiente del Departamento del Interior, acerca a la compañía a poder iniciar la perforación, aunque aún enfrenta otros obstáculos regulatorios.
Los opositores señalan que las extremas presiones y altas temperaturas requeridas para operar en aguas de más de 5,600 pies de profundidad aumentan el riesgo de un reventón que podría poner en peligro a las comunidades del Golfo y al ecosistema marino.
Críticas desde el Congreso
El senador Edward Markey, demócrata por Massachusetts, calificó duramente la decisión. “La aprobación por parte de la administración Trump del último proyecto de perforación en aguas profundas de BP es parte de la campaña de recompensa a las grandes petroleras que está contaminando comunidades”, declaró.
Markey, quien lideró las investigaciones legislativas sobre el desastre de Deepwater Horizon, advirtió que BP “no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para contener un derrame desastroso de alta presión”.
En agosto pasado, el senador ya había alertado que aprobar este proyecto podría conducir a un derrame catastrófico de millones de barriles, una estimación respaldada por los propios números de BP.
Ambientalistas preparan impugnaciones
Grupos ambientalistas anunciaron que impugnarán el proyecto en tribunales. Brettny Hardy, abogada senior de Earthjustice, calificó la decisión como “profundamente perturbadora” y señaló que la propuesta de BP “está plagada de fallas legales y regulatorias, especialmente dado el historial de la compañía en el Golfo”.
Los críticos también señalan que el plan de emergencia de BP para Kaskida es similar al que utilizó hace 15 años: propone usar dispersantes químicos para romper el petróleo en pequeñas gotas y empujarlo bajo el agua.
“Dominio energético”
El mismo viernes, el secretario de Energía, Chris Wright, invocó poderes de emergencia para permitir la reactivación de un oleoducto en California, y aprobó un aumento del 13% en las exportaciones de una planta de gas natural licuado en Luisiana.
Wright justificó las medidas como parte de los esfuerzos para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una vía por donde transita una quinta parte del suministro mundial y que permanece prácticamente cerrada por la guerra con Irán.
Oposición en California y Florida
El plan quinquenal de perforación de la administración Trump, presentado en noviembre pasado, propende abrir vastas áreas de la costa de California, el este del Golfo de México y Alaska a nuevas perforaciones.
Gobernadores de ambos partidos en California y Florida han manifestado su oposición. El gobernador Gavin Newsom calificó la iniciativa como “una ocurrencia tardía” y advirtió que “la perforación en alta mar más costosa y riesgosa pondría en peligro a nuestras comunidades”.
En Florida, el senador republicano Rick Scott, aliado de Trump, patrocinó un proyecto de ley para mantener la moratoria en su estado, señalando que las playas y aguas costeras son “vitales para la economía, el medio ambiente y la forma de vida de Florida”.
Un legado de desastres
La organización Oceana recordó que entre 2010 y 2022 ocurrieron más de 7,300 derrames de petróleo en aguas federales, un promedio de más de uno por día . Un análisis de la organización determinó que poner fin a nuevos arrendamientos podría prevenir más de 720 mil millones de dólares en daños a personas, propiedades y el medio ambiente.
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