Juez federal frena orden ejecutiva sobre ciudadanía y destaca su valor supremo en EE. UU.
Un juez federal de Estados Unidos dejó en claro que la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio en el mundo. Este pronunciamiento, aunque resonó con fuerza en el pasado, subraya la solidez de un principio constitucional que sigue siendo pilar fundamental de la nación.
La decisión a la que se hace referencia, en su momento, bloqueó una orden ejecutiva impulsada por el entonces presidente Donald Trump que buscaba modificar la ciudadanía por nacimiento, una de las propuestas más discutidas de su administración.

Contenido
Protección legal histórica
La acción judicial de bloqueo fue dictaminada por el juez Joseph Laplante. Su fallo argumentó que “privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data provoca daños irreparables”. El juez, quien fue nombrado por el presidente George W. Bush, reafirmó la importancia capital de la ciudadanía, destacándola como un derecho invaluable.
En su resolución, Laplante otorgó una pausa de siete días para que el gobierno pudiera apelar la decisión. Este caso particular fue tramitado como una demanda colectiva, impulsada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), una organización dedicada a la defensa de los derechos individuales.

La orden ejecutiva en cuestión tenía una fecha de entrada en vigor programada para el 27 de julio, en un periodo donde el Tribunal Supremo ya había invalidado otras órdenes de bloqueo similares emitidas por jueces estatales. La razón de estas invalidaciones era que los jueces estatales no tenían la autoridad para bloquear órdenes de alcance federal. Esto marcó un momento significativo en la jurisprudencia, al mostrar una “barrera” de decisiones judiciales que se oponían a ciertas políticas de la administración Trump.
La decisión de Laplante fue una respuesta a una moción presentada por los demandantes, identificados como “Barbara y otros”. El fallo señalaba que estas personas “pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)”.
Esta postura subrayó la preocupación del tribunal por las consecuencias directas que la orden ejecutiva podría tener sobre individuos y familias. La robustez del sistema judicial estadounidense se manifestó una vez más, al actuar como un contrapeso frente a iniciativas presidenciales que buscaban alterar normativas de larga data.
Reafirmación de la 14ª enmienda
El juez Laplante ya había expresado su oposición a la misma orden ejecutiva en un fallo anterior, emitido en febrero. En esa ocasión, el alcance de su decisión se limitó a los miembros de varias organizaciones específicas, no teniendo un carácter universal. En aquel momento, el argumento principal fue que la orden propuesta por la administración Trump violaba directamente la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda es la piedra angular de la ciudadanía por nacimiento en el país, estableciendo que:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen”.
La interpretación inicial del fallo de Laplante se enfocó en “los niños existentes y los futuros” que serían afectados por la orden ejecutiva. Sin embargo, no abarcó a los padres de estos niños, a pesar de que los demandantes habían solicitado esa inclusión. Este detalle en el alcance de la sentencia reflejó la precisión con la que el tribunal abordó la legalidad de la propuesta, buscando proteger el derecho fundamental de los nacidos en suelo estadounidense. La distinción entre el derecho de los nacidos y el estatus de sus padres también puso de manifiesto las complejidades legales que rodean el tema de la inmigración y la ciudadanía.
También te puede interesar: ¡Mega fraude bancario desde la cárcel! Exempleados bancarios implicados en estafa millonaria