Ante las presuntas irregularidades y excesos cometidos durante su gestión como presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, ahora delegado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario (Sedatu) es sujeto posible a juicio político.
El presidente de la Comisión de Justicia en la XV Legislatura, Carlos Mario Villanueva Tenorio, confirmó que la petición cumple con los requerimientos de Ley en este tipo de casos.
Por tanto, fue turnada al Pleno para la creación de la Comisión Instructora que dará seguimiento al caso y desarrolle el proceso correspondiente.
La solicitud de juicio político fue promovida por la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun Pech, la semana pasada.
Irregularidades en el ejercicio de más de 125 millones de pesos, quiebra técnica del Ayuntamiento de Cozumel y complicidad con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para el despojo del patrimonio del estado, fundan la petición del juicio político.
De comprobarse lo anterior, el delegado de Sedatu puede ser inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta por 20 años, además de ser punible a proceso judicial.
La Comisión de Justicia aprobó anoche, en sesión a puerta cerrada, turnar la solicitud de juicio político al Pleno para la conformación de la Comisión Instructora que se encargará de investigar, cotejar pruebas y emitir el dictamen correspondiente.
No existe fecha para lo anterior pues queda a consideración de la Presidencia de la Mesa Directiva.
En otro contexto, la Comisión de Justicia desechó la solicitud de juicio político impulsada por Andrés Ernesto Sánchez King contra la ex directora jurídica de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), Tanya Loyola Canul Medina, al no ser figura sujeta a dicho proceso.
Respecto a la solicitud promovida por el consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Sergio Avilés Demeneghi, hacia los magistrados electorales Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Leticia Cerón González, se acordó continuar la revisión, pues en este caso existe una controversia constitucional.
Quedan pendientes seis solicitudes de juicio político contra el magistrado Carlos Lima Carvajal, Víctor Vivas Vivas y Roberto Borge Angulo. Herlindo Vázquez