Un total de 31 candidatos o aspirantes a cargos de elección popular han sido asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2023 y concluirá el 2 de junio de 2024, informó la organización civil Data Cívica.
El reporte titulado ‘Votar entre balas’ analiza la violencia contra actores políticos por parte del crimen organizado. Según este informe, 105 aspirantes, precandidatos y candidatos sufrieron ataques violentos, de los cuales 31 resultaron en asesinatos, lo que representa casi una tercera parte del total.
Además de los asesinatos, otros 74 candidatos experimentaron diversas agresiones, incluyendo ataques armados en los que murieron otras personas, atentados, secuestros y amenazas que llevaron a algunos a renunciar a sus candidaturas.
Los estados con mayor número de ataques a candidatos son:
- Chiapas: 18 víctimas
- Guerrero: 17 víctimas
- Puebla: 17 víctimas
Partidos Políticos más Afectados
El principal partido afectado fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 34 víctimas. Le siguen la coalición opositora de PAN, PRI y PRD con 16 víctimas, y Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 8 víctimas cada uno.
El informe destaca un aumento de los ataques conforme se acerca el día de las elecciones. En mayo, se registraron el 45% de las víctimas. Este patrón es consistente con lo observado en elecciones anteriores, donde la violencia se intensifica a medida que se aproxima la jornada electoral.
Data Cívica concluye que el periodo electoral 2023-2024 ha sido más violento que el de 2020-2021 y también más violento que el de 2018, aunque no cuentan con datos de 2017 para una comparación completa.
México se prepara para celebrar las elecciones más grandes de su historia el próximo 2 de junio, con más de 98 millones de votantes convocados a renovar 20,375 cargos, incluida la Presidencia de la República, los 500 diputados, los 128 senadores, y nueve gobiernos estatales.
La violencia electoral es una preocupante realidad que amenaza la integridad del proceso democrático en México, poniendo en riesgo no solo la vida de los candidatos, sino también la confianza del electorado en las instituciones del país.
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