CHETUMAL, Q. ROO. — El titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), Miguel Zogby Cheluja Martínez, compareció ante la Comisión de Hacienda del Congreso para presentar la actualización de la Cuenta Pública 2024, con un saldo pendiente de solventar de 388 millones de pesos. Sin embargo, la comparecencia no logró despejar las críticas que, desde febrero pasado, medios locales y diputados lanzaron contra su informe, al que calificaron de “rasurado, incompleto y con errores”.
El origen de la opacidad: febrero de 2026
Cuando Cheluja entregó el informe ejecutivo inicial en febrero de este año, el documento ya había sido señalado por no revelar los montos de los 108 pliegos de observaciones, no desglosar las observaciones por ente auditado y presentar errores en las cifras financieras de entes paramunicipales de Tulum y del Poder Judicial. La crítica también apuntó a la reducción en la cobertura: en 2024, la ASEQROO solo revisó el 45 por ciento del gasto público total, muy por debajo del 69 por ciento auditado en 2023.
La actualización de octubre: mismas cifras, misma opacidad
En esta nueva comparecencia, Cheluja presentó los resultados de la solventación. El monto observado inicialmente fue de 358.4 millones de pesos, de los cuales los entes fiscalizados solventaron 29.2 millones. Una recuantificación de 58.9 millones elevó el saldo pendiente a 388 millones al corte del 30 de septiembre de 2026.
El auditor detalló que se realizaron 251 auditorías a 113 entes fiscalizados, que derivaron en 165 informes individuales. Las 918 acciones emitidas se desglosan en 108 pliegos de observaciones, 560 recomendaciones, 90 solicitudes de aclaración y 160 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora. Del total, los entes atendieron 718, quedando 200 pendientes que pasaron a la etapa de investigación.
Cuestionado sobre la falta de desglose de los 108 pliegos, el auditor justificó que los resultados “no han variado” respecto a lo presentado en febrero. No obstante, el documento continúa sin especificar a cuánto asciende el daño patrimonial de cada pliego ni a qué funcionarios o entes involucran.
La contradicción: finanzas “sanas” vs. deuda y opacidad
El discurso oficial del gobierno estatal insiste en que Quintana Roo atraviesa por un momento de estabilidad financiera. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha reportado una reducción de la deuda pública directa de 19,680 millones de pesos en septiembre de 2022 a 19,144 millones en agosto de 2026, sin contratar nuevos créditos, y presume calificaciones crediticias de mxAA (S&P), A+(mex) (Fitch), HR AA- (HR Ratings) y AA-.mx (Moody’s).
Sin embargo, esta narrativa contrasta con focos rojos documentados. En el ámbito municipal, Fitch Ratings degradó la calificación de Playa del Carmen de A+(mex) a CC(mex), advirtiendo un “alto riesgo crediticio y probable incumplimiento” en el pago de su deuda de corto plazo, que incluye un crédito de 154 millones de pesos a liquidar en julio de 2027. A nivel estatal, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) pasó de 5.71% en enero de 2022 a 10.24% en enero de 2025, lo que incrementó el costo financiero de los créditos.
Los nombres detrás de los pliegos
A pesar de que el informe ejecutivo no detalla los nombres de los señalados, los expedientes de fiscalización han comenzado a trascender en la opinión pública. La exalcaldesa de Solidaridad, Lilí Campos Miranda, mantiene 84.3 millones de pesos sin solventar de la Cuenta Pública 2023, de un total de 220 millones detectados inicialmente. En Cozumel, la administración de Juanita Alonso Marrufoenfrenta señalamientos por 25.2 millones de pesos en obra pública de la Cuenta Pública 2024, por falta de documentación comprobatoria.
En Isla Mujeres, la presidenta municipal Teresa Atenea Gómez Ricalde enfrenta un señalamiento formal por 58.9 millones de pesos. La ASEQROO reclasificó esta irregularidad como Pliego de Observacionesmediante el oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/1245/09/2026, firmado por el propio Cheluja el 23 de septiembre de 2026. El documento, dirigido a la alcaldesa, señala depósitos de origen no identificado, sin explicación de dónde vinieron ni a dónde fueron, y que fueron reclasificados contablemente para evitar su fiscalización. Este medio buscó la postura de las tres alcaldesas y de la ASEQROO sobre estos señalamientos; al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
La acusación de impunidad
El diputado federal Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, acusó a la ASEQROO de “proteger a funcionarios corruptos” y de permitir “el saqueo de los municipios”. “Las auditorías superiores no funcionan, han permitido el saqueo de los municipios y solo sirven a los gobernadores en turno”, declaró. Agregó que, aun con pruebas, no se presentan denuncias penales.
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