- Fue durante una audiencia con el juez que lleva su causa
- Es la primera vez que el ex gobernador habla desde que está preso
- Le conceden dos meses más de plazo para presentar pruebas
- Está acusado, tan sólo en esta causa, por el desvío de más de 900 MDP
El ex gobernador del estado, Roberto Borge, aseguró ayer en una audiencia ante un Juez, que es un “preso político” del ex presidente Enrique Peña Nieto, y le pidió a Andrés Manuel López Obrador acogerse a la amnistía que el mandatario federal anunció semanas atrás.
Roberto Borge agotó parte de los 40 minutos que tenía de audiencia para ampliar el plazo de su defensa, pidiendo formar parte de ese proceso de amnistía, lo cual incluso no fue bien recibido por su abogada, que le pidió utilizar ese tiempo para los aspectos legales de la causa.
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Pocos minutos después de las dos de la tarde del viernes 8 de febrero el exgobernador compareció desde la rejilla del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, y por primera vez desde que fue aprehendido en junio de 2017 hizo uso de la palabra.
“Primero que nada le recuerdo a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación, quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la Administración anterior y hago responsable a la PGR cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”, dijo Borge.
“No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Les quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente y hago un exhorto al señor Fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal”, agregó.
La audiencia, vía videoconferencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl había sido convocada para ampliar el plazo de la investigación.
Su abogada Sharon Hernández Colín tuvo que interrumpirlo para recordárselo; desaprobó que estuviera agotando el tiempo para su defensa con lo que insistía en declarar.
“Nada más quiero solicitar esa revisión a las nuevas autoridades de la nueva Fiscalía y decir que me declaro inocente”, agregó el exgobernador.
Finalmente, el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza le concedió dos meses más de plazo, que vencen el próximo ocho de abril, para presentar pruebas de descargo contra la imputación de lavado de dinero que causó un daño de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario y patrimonio de Quintana Roo.
Los abogados del ex gobernador argumentaron que, por situaciones ajenas a la defensa, había sido imposible reunir todas las evidencias contra la imputación y por ello se vieron en la necesidad de solicitar una prórroga de la investigación complementaria. Fuente: La Opinión
