La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de una nueva reforma, denominada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, que busca digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales. Si bien el plan promete simplificar procesos y reducir la corrupción, ha levantado alarmas por su posible concentración de poder en el gobierno federal y la pérdida de autonomía para los estados y municipios.
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Digitalización centralizada: ¿una mejora o un riesgo?
El principal objetivo de la reforma es reducir los trámites burocráticos y eliminar los espacios de corrupción en las ventanillas gubernamentales. Para ello, el gobierno federal propone digitalizar la mayoría de los trámites a través de una plataforma centralizada. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) sería la encargada de implementar el sistema, lo que ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder en manos del gobierno central.
El nuevo marco legal incluye reformas constitucionales a los artículos 25 y 73 para sustituir la Ley General de Mejora Regulatoria y homogeneizar los procesos en los tres niveles de gobierno. Según Sheinbaum, la reforma permitirá que los ciudadanos tengan claridad sobre los documentos necesarios y los tiempos de resolución. No obstante, expertos y opositores critican la centralización de esta autoridad, ya que la información personal de millones de mexicanos estaría bajo control exclusivo del gobierno federal.

Riesgos de centralización y control de datos
Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la creación de la “Llave MX”, un sistema de identidad digital vinculado a un expediente digital que contendría información personal y documentos oficiales de los ciudadanos. Mientras el gobierno asegura que esta herramienta facilitará la realización de trámites, los opositores señalan que podría dar lugar a un sistema de vigilancia masiva similar al de países con regímenes autoritarios como China o Rusia.
“Estamos ante un sistema que podría convertirse en un arma de control político y económico, ya que el gobierno federal tendría acceso total a los trámites empresariales, registros de propiedades e incluso expedientes de cada ciudadano”, afirmó un especialista en derecho administrativo. El riesgo de que los datos sean mal manejados o incluso vulnerados es otro de los puntos que preocupa a quienes se oponen a la reforma.
La pérdida de poder estatal y local: un golpe a la soberanía
Además de las preocupaciones sobre el control centralizado de la información, la reforma también plantea un desafío para los gobiernos estatales y municipales. Al eliminar las regulaciones locales y unificar los procesos bajo una normativa federal, se reduce la capacidad de los gobiernos locales para adaptar los trámites a sus necesidades y contextos específicos.
Gobernadores y alcaldes han expresado su descontento, argumentando que la digitalización centralizada no toma en cuenta las diferencias regionales, como la infraestructura tecnológica o el acceso a internet en algunas zonas del país. “No es lo mismo digitalizar trámites en la CDMX que en comunidades rurales de Oaxaca o Chiapas, donde el acceso a internet es limitado”, explicó un funcionario estatal.

Esta pérdida de autonomía es vista por algunos como un golpe a la soberanía local y a la capacidad de los gobiernos estatales de gestionar sus propios trámites y procesos administrativos.
El debate sobre la corrupción: ¿realmente se eliminará?
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es que eliminará los espacios de corrupción que existen en las ventanillas de los gobiernos locales. Según el gobierno de Sheinbaum, la centralización de los trámites reduciría la discrecionalidad de los funcionarios y evitaría abusos. Sin embargo, algunos analistas advierten que la centralización no resolvería el problema de la corrupción, sino que simplemente lo trasladaría al gobierno federal.
“Estamos pasando de burócratas locales a un sistema digital controlado desde Palacio Nacional. Si antes había corrupción en ventanillas, ahora podría haberla en servidores gubernamentales”, comentó un experto en transparencia. Esta nueva estructura podría concentrar el poder de decisión en pocas manos, lo que podría generar nuevos riesgos de corrupción, aunque en una forma diferente a la actual.
Monopolio tecnológico y fallas previas
Otro tema controvertido es la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública (CNTP), que será responsable de desarrollar y controlar todas las plataformas digitales gubernamentales. Este organismo será el encargado de garantizar la implementación de la reforma y controlar los sistemas de registro y los repositorios de datos.
Sin embargo, las críticas no se limitan solo a la concentración de poder, sino también a los antecedentes de fallas en proyectos tecnológicos similares. Plataformas como Compranet y el Registro Nacional de Población (Renapo) han tenido problemas de seguridad y opacidad en el manejo de los datos. Algunos temen que la nueva infraestructura digital no sea suficientemente segura y transparente.

¿Una reforma para la modernización o el control?
El gobierno de Sheinbaum promueve la reforma como una medida para mejorar la eficiencia administrativa y combatir la corrupción. No obstante, la propuesta ha generado una discusión intensa sobre los posibles riesgos de centralización del poder y el control de los datos de los ciudadanos. Mientras el gobierno sostiene que el sistema digital facilitará la vida de los mexicanos, muchos temen que se convierta en una herramienta de vigilancia y control político.
La reforma tendrá que pasar por un proceso legislativo en el Congreso, donde se prevé un debate sobre la transparencia del sistema y la necesidad de establecer límites claros para evitar el abuso de poder. A medida que avanza el proceso, la pregunta clave sigue siendo si estamos ante una verdadera modernización del sistema burocrático o si esta nueva ley representa el inicio de un modelo autoritario de control digital sobre el país.
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