Cancún, Quintana Roo. – Alrededor de 300 personas se manifestaron la mañana de este jueves en la explanada del Palacio Municipal de Cancún para exigir al gobierno municipal que agilice los procesos de regularización de tierras ejidales de al menos 16 colonias que desde hace más de 20 años no han podido solucionar.
Los inconformes señalaron que existen asentamientos que no han logrado obtener certeza jurídica, debido a que los procedimientos de regularización no han podido avanzar pese a la instalación de mesas de trabajo entre autoridades y ejidatarios.
Daniel Osorio García, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, denunció que, aunque ha habido diálogo, no se han registrado avances sustanciales, lo que ha afectado de manera severa a miles de familias.
Indicó que la falta de certeza legal ha impedido el acceso a servicios públicos básicos como alumbrado, pavimentación, agua potable y drenaje, manteniendo a las colonias en condiciones de rezago y añadió que la protesta tiene como objetivo exigir que tanto las autoridades como los ejidatarios cumplan con las responsabilidades que les corresponden para garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de las familias.
Habitantes de colonias como El Pedregal, Antorcha, Avante, Tres Reyes, México, Chiapaneca, Generación 2000, El Milagro, El Porvenir, Las Pencas y La Esperanza, entre otras, acudieron con pancartas y acompañados de sus hijos menores para presionar a las autoridades a atender esta problemática.
Durante la manifestación, los participantes reprocharon que en periodos electorales los políticos acuden a solicitarles el voto, pero posteriormente se desentienden de sus demandas.
Asimismo, rechazaron ser invasores y aseguraron que adquirieron sus predios de manera legal al comprarlos a ejidatarios, por lo que insistieron en que corresponde tanto a las autoridades como a los propietarios de los terrenos garantizarles la certeza jurídica de sus patrimonios.
Asimismo, expresaron su hartazgo por continuar viviendo con carencias y reiteraron el llamado para que se destraben los procesos de regularización y puedan acceder plenamente a los servicios públicos básicos.
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