CANCÚN, Q. ROO. — Una ola de indignación se ha generado tras la denuncia pública de una pareja que fue arrollada la noche del pasado 23 de julio mientras transitaba a bordo de una motocicleta Italika 125. Entre las víctimas se encuentra una joven con seis meses de gestación, quien requirió traslado hospitalario de urgencia tras presentar síntomas de pérdida de líquido amniótico y falta de movimiento fetal posterior al impacto.
De acuerdo con los testimonios presentados, el vehículo involucrado —un Hyundai blanco con placas de circulación UTA-428-P— impactó a los motociclistas e intentó darse a la fuga, quedando detenido únicamente porque la motocicleta se incrustó debajo del chasis.
Negativa de auxilio y presuntas irregularidades de Tránsito
La denuncia ciudadana señala graves faltas de responsabilidad y probables irregularidades procesales por parte de los primeros respondientes en el lugar de los hechos:
- Insensibilidad y omisión de pago: La conductora responsable se negó a cubrir los costos del traslado médico de la mujer embarazada. Testigos afirman que la mujer justificó su negativa con la frase: “¿Para qué los trasladan si no los maté?”, obligando a los familiares de las víctimas a costear la ambulancia por sus propios medios.
- Liberación sin deslinde de responsabilidades: La agente de Tránsito Municipal identificada como Dulce Olivia Crisanto Esquivel retuvo las identificaciones de las víctimas bajo la promesa de que la automovilista permanecería detenida. Sin embargo, al salir del nosocomio, los afectados constataron que la responsable había sido puesta en libertad sin garantizar la cobertura de daños ni gastos médicos.
Exigen intervención de la Fiscalía para evitar impunidad
Actualmente, la pareja continúa bajo observación médica estricta para monitorear el estado de salud del gestante, además de afrontar las lesiones físicas derivas del accidente y los costos acumulados por la atención de emergencia.
Ante la falta de garantías en el lugar del siniestro, los afectados han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y de la Dirección de Tránsito para revisar el actuar de los elementos policiacos involucrados y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.
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