Denuncias presentadas ante la FGR, el SAT y la UIF señalan al director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul por presuntas operaciones de lavado de dinero, desvío de recursos y posibles vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahora no existe una resolución judicial en su contra.Directivo de Cruz Azul es señalado por presuntos nexos con el CJNG y lavado de dinero
Directivo de Cruz Azul es señalado por presuntos nexos con el CJNG y lavado de dinero
Ciudad de México. – El director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, Rafael Anzures, enfrenta una serie de denuncias en las que se le señala por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por supuestas operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos que superarían los mil millones de pesos.
De acuerdo con información publicada este martes por el periódico Reforma, las acusaciones forman parte de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales derivan de declaraciones de un contador relacionado con empresas que habrían trabajado para la cooperativa.
Según el expediente citado por el diario, el denunciante sostiene que entre 2020 y 2024 se habrían realizado operaciones presuntamente irregulares relacionadas con la adquisición de inmuebles, vehículos de lujo, pagos mediante tarjetas de crédito, depósitos bancarios, contratación de servicios legales y compra de insumos para la cementera.
¿Qué señalan las denuncias?
De acuerdo con la información difundida, el contador aseguró haber colaborado con empresas que prestaban servicios a La Cruz Azul y afirmó que Rafael Anzures le habría solicitado facilitar transferencias bancarias y realizar entregas de dinero en efectivo.
También sostuvo que algunas empresas presuntamente emitían facturas por servicios legales que, según su versión, nunca fueron prestados, así como por la compra de materiales destinados a la cooperativa.
Las denuncias agregan que parte de los recursos presuntamente habrían sido utilizados para la adquisición de diversos bienes y propiedades.
Supuestos vínculos con el CJNG
Uno de los señalamientos más delicados contenidos en las denuncias consiste en la supuesta relación entre el funcionario y personas identificadas por las autoridades como operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El documento citado por Reforma hace referencia específicamente a un presunto vínculo con José Elías Celis, alias “El Chilpo”, señalado en investigaciones oficiales como presunto operador financiero de esa organización criminal.
Asimismo, el denunciante asegura que diversos inmuebles habrían sido adquiridos mediante recursos cuyo origen considera irregular.
Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de las denuncias presentadas ante las autoridades y no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.
No existen imputaciones judiciales
Hasta la publicación de esta información, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria no han informado públicamente sobre una imputación formal, una vinculación a proceso o una sentencia en contra de Rafael Anzures por estos hechos.
Tampoco se ha dado a conocer una postura pública del directivo respecto a los señalamientos difundidos.
Las investigaciones siguen abiertas
Las denuncias ahora deberán ser analizadas por las autoridades competentes para determinar si existen elementos suficientes que permitan integrar una carpeta de investigación o ejercer alguna acción penal.
Mientras tanto, el caso ha generado atención debido a que involucra a uno de los principales directivos de la Cooperativa La Cruz Azul y a señalamientos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y posibles operaciones financieras irregulares.
Por ahora, los hechos corresponden a acusaciones contenidas en denuncias que deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Fuente: Reforma
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