En su informe sobre “Cero Impunidad,” el Gobierno de México destacó a dos jueces que detuvieron la extinción de fideicomisos del Poder Judicial (PJF) por un monto de 15 mil millones de pesos, aprobada en la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, expuso los nombres de los jueces Juan Fernando Luévano Ovalle y Elizabeth Trejo Galán, quienes concedieron suspensiones a la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Rodríguez Bucio señaló que el juez Luévano Ovalle otorgó el amparo indirecto 2341/2023, mientras que la jueza Trejo Galán concedió el amparo indirecto 1754/2023 a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación JUFED de México. El informe revela que Luévano Ovalle argumentó que la reforma podría tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para las promoventes, afectando la división de poderes, la independencia judicial y autonomía presupuestaria. Por su parte, Trejo Galán expresó que la falta de la medida podría afectar los derechos adquiridos de los trabajadores del PJF, comprometiendo la función jurisdiccional.
Rodríguez Bucio también planteó la posibilidad de un conflicto de interés en el caso de Trejo Galán, ya que la jueza forma parte de JUFED. La exhibición de los jueces surge en el contexto de la controversia en torno a la extinción de fideicomisos, una medida criticada por algunos sectores y considerada como una estrategia del Gobierno de México para consolidar el control presupuestario en diversas áreas. La intervención judicial pone de relieve las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en México en relación con la autonomía financiera y la toma de decisiones presupuestarias.
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