El analista y politólogo Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, advirtió que las irregularidades recientes ponen en entredicho la credibilidad del próximo proceso electoral en Guatemala.
Indicó que un turbulento proceso electoral en Guatemala ha sido sacudido por un nuevo escándalo judicial y una serie de irregularidades que ponen en entredicho su credibilidad y legitimidad.
Esto después de que uno de los principales candidatos presidenciales, Carlos Pineda, ha sido suspendido por un tribunal guatemalteco a tan solo un mes de las elecciones, generando graves acusaciones por parte del empresario outsider.
“Pineda ha interpuesto una apelación ante la corte constitucional del país, en un intento por revertir la decisión. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que las boletas electorales deben ser finalizadas antes del jueves”, señaló Zovatto.
El especialista señaló que el caso ha provocado un fuerte cuestionamiento a las autoridades y ha levantado sospechas de que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y sus aliados están buscando imponer sus propias preferencias en la contienda.
Previamente, otros destacados aspirantes a la presidencia, como la izquierdista Thelma Cabrera y el conservador Roberto Arzu, también fueron excluidos de la carrera electoral.
Debido a esto, la preocupación por la exclusión de candidatos ha trascendido las fronteras de Guatemala. La semana pasada, la Organización de Estados Americanos expresó su inquietud al respecto, y recientemente la Unión Europea ha manifestado una preocupación similar.
Con la exclusión de los candidatos mencionados, la lista de contendientes se ha reducido a 23 participantes. Sin embargo, los favoritos para las elecciones del 25 de junio son la derechista Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, la exprimera dama conservadora Sandra Torres y el exdiplomático Edmond Mulet.
“El proceso judicial ha sido un factor determinante en esta contienda como ya lo había sido en la elección anterior”, explica Zovatto.
La semana pasada, la Corte Constitucional de Guatemala ratificó la candidatura de Ríos, al limitar una cláusula constitucional que prohíbe a los familiares de gobernantes de facto postularse para el cargo, únicamente al período posterior al golpe. Esta decisión ha generado controversia, ya que anteriormente se le había impedido a Ríos postularse en base a esa misma cláusula constitucional.
Con cada nueva revelación y cada paso judicial, el proceso electoral de Guatemala se ve afectado por una sombra de duda y falta de transparencia, minando su credibilidad y generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del país.
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Con información de López Dóriga Digital
