El Instituto Nacional Electoral (INE) desestimó la solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para prohibir el uso de teléfonos celulares, cámaras y dispositivos electrónicos en las casillas de votación durante las elecciones del próximo 2 de junio. Esta decisión se basa en que el INE no cuenta con atribuciones para limitar el uso de estos dispositivos, ya que hacerlo atentaría contra el estado de derecho establecido por el marco constitucional y legal que rige al instituto.
Aunque se rechazó la prohibición, el Consejo General del INE acordó tomar medidas para garantizar que el uso de los teléfonos celulares no afecte la participación ciudadana en el proceso electoral. Entre estas medidas se incluye la colocación de carteles en las mamparas con frases como “Recuerda: nadie puede obligarte a tomar foto a tu boleta” y “si alguien te da dinero o te amenaza para votar por un candidato o candidata, comete un delito”. Estas leyendas buscan concientizar a los votantes sobre la importancia de preservar el secreto del voto y denunciar cualquier intento de compra o coacción del mismo.
Propuesta del INE genera polémica
Sin embargo, la propuesta de cartel generó controversia debido a su similitud con los colores de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, que postula a Xóchitl Gálvez, lo que podría interpretarse como una ventaja indebida para la abanderada. Ante estas observaciones, el INE acordó vigilar el uso de colores en los carteles para evitar identificaciones con alguna candidatura, y se realizarán modificaciones en la propuesta aprobada.
Además de la preocupación por el uso indebido de teléfonos celulares, el PRD alertó sobre posibles mecanismos de compra y coacción del voto a través de códigos QR. Estos señalamientos ponen de manifiesto la importancia de implementar medidas efectivas para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, así como para proteger el ejercicio libre y secreto del voto de los ciudadanos.
En medio de un contexto electoral cada vez más complejo, el INE enfrenta el desafío de salvaguardar la democracia y la legitimidad de los comicios, tomando decisiones que promuevan la participación ciudadana y la confianza en el sistema electoral.
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