En Texas, un juez ha estado escuchando los argumentos de ambas partes en una demanda presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden contra la instalación de una barrera de boyas en el río Bravo por parte del gobernador ultraconservador Greg Abbott.
La barrera flotante, que se extiende unos 300 metros sobre el río fronterizo, ha generado una controversia que refleja las tensiones en torno a la inmigración y la política fronteriza.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia alega que el gobierno de Texas violó la ley al instalar la barrera en un río “navegable” sin obtener el permiso del Ejecutivo federal.
El gobierno estatal, por su parte, defiende la medida y acusa a la Administración de Biden de no proteger adecuadamente la frontera sur.
Sin embargo, expertos señalan que la afirmación del gobierno estatal de que la barrera ha “eliminado” los cruces irregulares de migrantes es incorrecta.
De acuerdo con Aaron Reichlin-Melnick, abogado especializado en políticas migratorias del Ammerican Immigration Council, la barrera ha llevado a los migrantes a cruzar el río en lugares más peligrosos, poniendo en riesgo sus vidas.
La controversia ha tenido consecuencias trágicas, ya que se encontraron dos cadáveres de migrantes cerca de las boyas a principios de mes.
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La región donde se encuentra la barrera es una de las áreas con más cruces irregulares de migrantes en la frontera, según la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo.
La instalación de estas boyas forma parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y expresar su desacuerdo con las políticas de Biden.
Expertos sugieren que esta medida está motivada por consideraciones políticas, ya que busca movilizar a la base republicana de cara a las elecciones de 2024.
La situación también ha tenido implicaciones internacionales, ya que el Gobierno mexicano ha denunciado que gran parte de la barrera se encuentra en su territorio.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, ha respaldado esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal.
A medida que el caso continúa, el conflicto en torno a la barrera de boyas en el río Bravo sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno federal y el estatal, ilustrando las complejidades y desafíos en la política fronteriza de Estados Unidos.
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