Ciudad de México.- El Senado aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca conectar los catastros y registros públicos de la propiedad en México.
El dictamen recibió 69 votos a favor y 32 en contra en lo general. Los artículos reservados se aprobaron con 66 votos a favor y 28 en contra, después de que la asamblea rechazara las modificaciones propuestas por legisladores del PAN y PRI.
El proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal. La reforma establece mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para homologar información inmobiliaria, modernizar trámites y facilitar el intercambio de datos.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre de 2026.
La Cámara de Diputados aprobó la minuta el 6 de octubre y el Senado la avaló sin cambios, según el resumen del dictamen.
¿Qué cambiará con la nueva ley catastral?
La ley contempla una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble y una Cédula Única Catastral y Registral para vincular los datos del catastro con el folio del Registro Público de la Propiedad.
También establece una Plataforma Catastral Municipal con herramientas para gestionar información territorial, realizar trámites y administrar procesos relacionados con el impuesto predial.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá funciones técnicas en el desarrollo de las plataformas, la capacitación y la emisión de modelos de homologación. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano administrará los recursos federales destinados al programa de modernización.
La reforma también prevé planes nacionales para orientar la actualización de los catastros y registros. Los trámites digitales y las notificaciones electrónicas tendrán validez equivalente a los presenciales, conforme a las disposiciones de la ley.
Un punto relevante es que la Clave Única Catastral no acreditará por sí misma la propiedad, posesión, superficie o colindancias de un inmueble.
PAN cuestiona los costos y la autonomía municipal
Durante una conferencia de prensa el 14 de octubre, senadores del PAN y autoridades municipales cuestionaron la reforma. Advirtieron sobre los costos de implementación, la concentración de información y los posibles efectos sobre las atribuciones de los ayuntamientos.
El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, sostuvo que la reforma favorece la concentración de poder. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, cuestionó el manejo federal de la información inmobiliaria y alertó sobre posibles efectos en el cobro del predial.
Mario Vázquez y Miguel Márquez también criticaron la falta de consulta amplia a los municipios. Señalaron que la digitalización requerirá personal capacitado, sistemas compatibles y recursos para actualizar la cartografía.
El dictamen sostiene que los municipios conservarán la recaudación del predial. La ley tampoco establece por sí misma un aumento automático de ese impuesto.
El reto de aplicar la reforma
La implementación exigirá coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El régimen transitorio contempla plazos para emitir lineamientos, adoptar plataformas y armonizar las legislaciones locales.
Además, establece que los gastos de implementación deberán cubrirse con los presupuestos autorizados, sin ampliaciones adicionales de gasto regularizable. Esto abre interrogantes sobre la capacidad de los municipios con menor infraestructura tecnológica para cumplir las nuevas obligaciones.
En Quintana Roo, el alcance dependerá de las condiciones de cada municipio y de los lineamientos que se publiquen. La modernización podría facilitar trámites y mejorar la información territorial, pero su resultado dependerá de los recursos, la seguridad de los datos y el respeto a las competencias locales.
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