La Secretaría de Salud capitalina se niega a cumplir un laudo desde 2004, pese a fallos judiciales a favor del extrabajador
Ciudad de México.— Luego de más de dos décadas de litigio, el médico Fernando González Ramos ganó un juicio laboral contra el Gobierno de la Ciudad de México, que ahora debe pagarle más de 9.7 millones de pesos por concepto de salarios caídos, además de reinstalarlo en su cargo en la Secretaría de Salud.
El caso se remonta a mayo de 2004, cuando González fue despedido de manera injustificada del Centro Regulador de Urgencias Médicas, adscrito a la entonces Dirección General de Urgencias y Medicina Legal. Aunque el gobierno capitalino alegó que era un trabajador de confianza, los tribunales determinaron que sus funciones no correspondían a esa categoría, por lo que el despido fue ilegal.
Desde 2011, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) falló a su favor, pero hasta hoy la Secretaría de Salud capitalina no ha cumplido con la resolución, bajo el argumento de trámites administrativos pendientes.
Laudo firme y desacato persistente
En marzo de este año, la Secretaría de Salud solicitó a la Dirección General de Servicios Legales, encabezada por José Juan Torres Tlahuizo, autorizar el pago de 9 millones 765 mil 156.40 pesos, correspondientes a los salarios caídos de 2004 a la fecha. Sin embargo, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para liberar los recursos, por lo que la deuda sigue creciendo diariamente con cargo al erario público.
El abogado del médico, Marcos Chávez Orozco, denunció que el caso es un reflejo de la ineficiencia y lentitud del sistema de justicia laboral.
“21 años de litigio superan por mucho el tiempo normal de un juicio, y la etapa de ejecución está siendo más larga que el propio juicio”.
Chávez explicó que el incumplimiento podría derivar en desacato judicial, ya que la sentencia fue confirmada tanto en juicio de amparo como en revisión.
Actualmente, se analiza la posibilidad de que el juez de amparo inicie un procedimiento contra Torres Tlahuizo, que podría derivar en su destitución o consignación ante el Ministerio Público.
Burocracia, afectaciones personales y deuda pública
“Durante dos años no pude conseguir empleo. Tuve que pedir préstamos de hasta 100 mil pesos con intereses. El proceso ha sido un calvario que ha afectado mi salud física, emocional y mi economía”, señaló González Ramos en entrevista.
De acuerdo con el abogado, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México ha retrasado el pago con argumentos como la falta de copias o documentos complementarios, lo que refleja una tendencia sistemática a postergar el cumplimiento de laudos laborales. Incluso, señaló que algunas dependencias esperan que los trabajadores hagan descuentos del 15 al 20% del monto total para facilitar el visto bueno.
El costo de la omisión
“La administración pública capitalina está incurriendo en una bola de nieve económica por negarse a cumplir una orden judicial que tiene más de una década firme. Hoy, la deuda asciende a más de 9.7 millones de pesos, y sigue creciendo”, advirtió Chávez Orozco.
Pese a que la actual administración, encabezada por Clara Brugada, no inició el conflicto, el abogado insistió en que tiene la obligación legal de resolverlo. Mientras tanto, Fernando González Ramos sigue sin ser reinstalado en su cargo y sin recibir el pago ordenado judicialmente.
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