Un comité de 54 especialistas analiza bajo qué condiciones México podría aprovechar sus reservas de gas atrapadas en formaciones rocosas profundas, incluida la técnica conocida como fractura hidráulica o “fracking”, sin comprometer el agua y los ecosistemas.
México evalúa extracción de gas no convencional para reducir dependencia de EE.UU.
México dio un nuevo paso en la discusión sobre la explotación de sus reservas de gas no convencional. El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó los primeros resultados de una comisión científica creada para determinar si es viable extraer estos recursos sin provocar daños ambientales y sociales, en momentos en que el país busca reducir su fuerte dependencia del gas importado de Estados Unidos.
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La comisión está integrada por 54 especialistas en energía, agua, geología y medio ambiente y presentó diez primeras conclusiones. El resultado no representa una autorización general para utilizar fractura hidráulica o fracking: los expertos plantearon que cada región deberá analizarse individualmente y que existen zonas donde la explotación debería descartarse.
El debate tiene una razón económica y estratégica de fondo. México importa aproximadamente 75% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos, combustible indispensable para la generación eléctrica, la industria y distintas actividades productivas.
¿México utilizará fracking?
Todavía no existe una autorización general.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las conclusiones de los especialistas serán incorporadas al análisis del gobierno y sostuvo que las tecnologías para extraer gas no convencional han cambiado, por lo que se estudian alternativas capaces de disminuir algunos de los impactos asociados tradicionalmente con la fractura hidráulica.
La fractura hidráulica consiste, de manera general, en perforar formaciones rocosas e inyectar fluidos a presión para liberar gas atrapado en yacimientos de baja permeabilidad.
La técnica ha sido controvertida por su elevado consumo de agua y por los posibles efectos sobre acuíferos, emisiones de metano, manejo de aguas residuales y actividad sísmica inducida asociada particularmente al manejo e inyección de fluidos.
Precisamente por esos riesgos, el gobierno sostiene que antes de cualquier proyecto deberán realizarse estudios técnicos, ambientales y sociales.
Expertos ponen freno en Tampico-Misantla
Una de las conclusiones más importantes de la comisión fue recomendar que no se desarrollen proyectos de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, localizada entre Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.
Los especialistas consideraron que las condiciones ambientales, sociales y de disponibilidad de agua de esa región no resultan adecuadas para avanzar con este tipo de explotación.
Esto es relevante porque Tampico-Misantla figura entre las regiones mexicanas donde durante años se ha identificado potencial de hidrocarburos no convencionales.
La conclusión muestra que la existencia de gas en el subsuelo no será suficiente para autorizar su extracción.
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas siguen bajo análisis
La comisión considera que existen otras regiones del norte del país donde podría continuar la evaluación técnica.
Entre ellas aparecen áreas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las características geológicas ofrecen posibilidades para el aprovechamiento de gas no convencional, aunque cualquier desarrollo tendría que cumplir condiciones ambientales más estrictas.
No significa que ya exista autorización para comenzar operaciones comerciales.
Los especialistas plantean continuar los estudios para determinar disponibilidad de agua, características geológicas, cercanía con poblaciones, posibles impactos ambientales y viabilidad económica.
Agua salada, una de las alternativas planteadas
Uno de los principales cuestionamientos al fracking tradicional es la enorme cantidad de agua dulce que puede requerir.
Por ello, entre las recomendaciones presentadas aparece evaluar el uso de agua salobre o salada, además de tecnologías que permitan reutilizar líquidos y reducir la presión sobre acuíferos destinados al consumo humano y a otras actividades productivas.
La comisión también plantea establecer monitoreo ambiental antes, durante y después de cualquier eventual explotación.
Entre los aspectos que deberán vigilarse están la calidad del agua, emisiones, integridad de los pozos, disposición de residuos y comportamiento geológico.
México depende del gas de Estados Unidos
La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa de dónde proviene la energía utilizada en México.
Actualmente el país importa alrededor de tres cuartas partes del gas natural que consume, fundamentalmente mediante gasoductos conectados con Estados Unidos.
El gas es particularmente importante para el sistema eléctrico mexicano porque numerosas centrales de ciclo combinado lo utilizan para generar electricidad.
Sheinbaum reconoció que incluso con una expansión acelerada de las energías renovables, México seguirá necesitando gas natural durante la transición energética para mantener un suministro eléctrico continuo y estable.
Por eso el gobierno analiza aumentar la producción nacional: no plantea eliminar completamente las importaciones estadounidenses, sino reducir la vulnerabilidad derivada de depender de un solo proveedor para una parte tan grande del consumo nacional.
El antecedente que explica la controversia
El fracking ha provocado un intenso debate político y ambiental en México durante años.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo una política contraria a ampliar su utilización, mientras que Sheinbaum también había expresado anteriormente reservas sobre esta tecnología.
La actual administración sostiene que los avances tecnológicos obligan a revisar nuevamente la discusión, pero ha señalado que cualquier decisión deberá estar respaldada por evidencia científica.
Organizaciones ambientales mantienen una posición mucho más crítica. Advierten que modificar los fluidos utilizados no elimina necesariamente los riesgos asociados con perforaciones, fugas de metano, contaminación, residuos industriales y presión sobre territorios con estrés hídrico.
Diez conclusiones, pero todavía no una decisión definitiva
La presentación de la comisión representa una primera etapa, no la aprobación de una política nacional de fracking.
El gobierno deberá determinar ahora qué regiones avanzan hacia estudios más detallados, cuáles quedan descartadas y qué requisitos ambientales, técnicos y sociales tendrían que cumplirse antes de cualquier proyecto.
También deberá resolverse otro elemento fundamental: la consulta y participación de las comunidades que podrían resultar afectadas, una condición incluida entre las recomendaciones discutidas por los especialistas.
El dilema que enfrenta México es complejo: reducir la dependencia energética de Estados Unidos sin trasladar el costo hacia el agua, los ecosistemas o las comunidades donde se encuentran los yacimientos.
Por ahora, la principal conclusión es clara: México no ha autorizado una explotación generalizada mediante fracking, pero tampoco ha cerrado la puerta al gas no convencional. Algunas regiones quedaron descartadas y otras continuarán bajo evaluación científica antes de que el gobierno tome una decisión definitiva.
Fuente: presidenta.gob.mx
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