Chetumal, Q. Roo.- A más de un año de su creación el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) carece de normatividad interna. Todas sus acciones carecen de certeza jurídica. Se espera contar con ella en lapso máximo de dos semanas.
Así reconoció su director, Jorge Pérez Pérez, durante su comparecencia ante la XVI Legislatura.
Y es que existen diversos pendientes por atender, que serán complicados por ser un organismo de reciente creación.
El objetivo principal es garantizar al ciudadano las condiciones necesarias para un tránsito idóneo.
Involucra vías de circulación en condiciones óptimas, señalamientos, construcciones con banquetas y normas que le garanticen, inclusive acciones legales y coercitivas.
Durante su exposición, el director del Imoveqroo señaló que se carece de la normatividad interna, la cual es elaborada con el apoyo de un despacho externo, pero de no haber ninguna eventualidad, se contará con ella en lapso de dos semanas. En tanto, las atribuciones del organismo están limitadas
Y es que hay diversas problemáticas en este sector, como la regulación de transporte público, de carga, “moto taxis”, servicio de grúas.
En la entidad existen al menos 21 mil concesiones de transporte público y tres mil de carga. Tales prestan servicio en casi 13 mil rutas distribuidas en toda la entidad.
La operación del Imoveqroo se limita a operativos de regulación de transporte público, que en lugar de ser considerados asertivos, son percibidos como persecutorios y con fines recaudatorios, reconoció.
La mayor inconformidad se da en la Zona Norte, donde prevalece la mayor cantidad de unidades de transporte público.
En el caso de UBER, el director del Imoveqroo expuso que está en el Tribunal Colegiado de Circuito, pero existe confianza de que el pronunciamiento será a favor del Estado, pues la normatividad exige concesión para la prestación del servicio de transporte.
Tal asunto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los diputados Hernán Villatoro Barrios y José de la Peña Ruiz de Chávez, consideraron necesario ceder atribuciones a los ayuntamientos para regular el servicio de transporte.
Asimismo, recomendaron contar con un padrón real de concesionarios y prestadores del servicio, porque “el pirataje” es una denuncia recurrente.
El decreto de creación del Imoveqroo fue aprobada el 14 de junio del 2018. Pero se le modificó el 12 de julio del mismo año. El 16 de enero del presente recibió otra reforma y la tercera ocurrió el 9 de agosto reciente.
En el transcurso del presente año, se promovieron siete mil trámites, de los cuales tres mil corresponden a refrendo de concesiones; 957 son altas, mil 597 bajas y mil 497 de revista vehicular.
La supervisión vehicular debió ser a mil 110 unidades, pero la falta del Reglamento Interno impide su supervisión. Pero se han hecho 149 exhortos, se iniciaron 67 procedimientos administrativos de sanción y se recaudaron 222 mil 487 pesos por concepto de infracciones.
La comparecencia se desarrolló ante una decena de diputados locales.
