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Narcotráfico en otros países
El narcotráfico es una problemática que afecta a muchos países alrededor del mundo, y América Latina no es la excepción. En esta ocasión, nos enfocaremos en el caso de Bolivia y Perú, dos naciones vecinas que comparten una frontera común y enfrentan importantes desafíos en la lucha contra el tráfico de drogas.
Recientemente, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo una declaración que generó gran controversia en relación a este tema. Según Morales, es necesario cerrar la frontera con Perú debido a que gran parte de la droga que ingresa a Bolivia proviene de ese país. Estas afirmaciones se dan en el contexto de los escandalosos envíos de toneladas de cocaína boliviana a Europa, incluso en aviones de la línea aérea estatal.
Es importante destacar que esta declaración fue realizada por Morales en la radio Kausachun Coca, ubicada en el Chapare, una región donde el ex presidente tiene una gran influencia como dirigente vitalicio y “comandante” de los productores de coca. Estas declaraciones profundizan las diferencias existentes entre ambos países, ya que en Perú un congresista ha pedido la captura de Morales, acusándolo de pretender anexar la provincia de Puno a Bolivia.
Bolivia y sus problemas ante el narco
Uno de los principales problemas en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es la presencia de avionetas ilegales que traen pasta de coca (sulfato de cocaína) desde territorios peruanos dominados por remanentes de Sendero Luminoso. Estas avionetas logran evadir los controles de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) debido a la falta de activación de los radares franceses adquiridos en 2017 por 215 millones de dólares. Además, la FAB no cuenta con los aviones necesarios para seguir y capturar estas avionetas una vez que son avistadas.
En este contexto, Evo Morales ha culpado al gobierno de Luis Arce, su pupilo y actual presidente de Bolivia, de descuidar el control de los cultivos de coca en el país y de frenar las tareas de erradicación de dichas plantaciones, las cuales cubren siete de los nueve departamentos de Bolivia. Estas acusaciones generan tensiones adicionales entre ambos países y exponen las diferencias internas en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político al cual pertenecen tanto Morales como Arce.
En respuesta a estas acusaciones, en Perú, el ex canciller Luis Gonzales Posada ha pedido al gobierno de Lina Boluarte rechazar el nombramiento de la diputada boliviana Lidia Patty Mullisaca como cónsul en Puno, argumentando que es muy servil a Morales y considerando esto como una provocación al Perú. Patty, quien viste ropa aimara, ha acusado a la expresidenta Jeanine Áñez de haber usurpado la presidencia cuando Morales renunció y huyó a México. Por esta acusación, la justicia manejada por el gobierno de Arce la ha condenado a 10 años de cárcel.
La situación se agrava con los escándalos de los envíos de cocaína descubiertos a fines de mayo en Bolivia. El Diario de La Paz ha informado sobre el embarque de 478 kilos de cocaína a España, transportados en un avión de la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Este caso revela una serie de fallas en los mecanismos de control del Estado, ya que el embarque pasó desapercibido para siete entidades estatales encargadas de la vigilancia. Morales ha añadido que funcionarios del gobierno de Arce están ocultando información y han borrado grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Santa Cruz, lo que dificulta la investigación.
El manejo de la empresa de aviación tampoco es transparente. Durante el interrogatorio a cinco funcionarios de BoA, la policía descubrió que cuatro de ellos tenían antecedentes de conexiones con el narcotráfico. Estas revelaciones han generado un profundo malestar y han llevado al exministro de gobierno de Morales, Carlos Romero, a criticar duramente al actual gobierno de Arce. Romero ha denunciado que, durante su mandato, desarticuló una banda de 14 narcotraficantes que llevaba droga desde el aeropuerto de Santa Cruz a España, pero que el gobierno actual ha permitido que la banda vuelva a operar.
Morales y su lucha ante el narcotráfico
En medio de esta situación, Morales ha logrado tomar impulso gracias a los tropiezos de Arce en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es importante destacar que el ex presidente no cuenta con un apoyo unánime dentro del MAS, donde predomina una tendencia renovadora que busca su jubilación política.
Por otro lado, en la oposición se percibe un silencio sepulcral. Parece como si los dos aspirantes del MAS hubieran acaparado el escenario político y marginado a los opositores, incluso aquellos que se encuentran encarcelados. Los presos políticos en Bolivia, que suman 260 personas, incluyendo a Jeanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz y al dirigente cívico de Potosí, parecen tener más fuerza que los opositores en libertad.
En relación al proceso electoral, tanto Arce como Morales han mostrado un gran interés en mantener el control del poder electoral. En Bolivia, existe una gran controversia en torno al padrón electoral, ya que se sospecha que existen más votantes registrados que habitantes reales en el país debido a fraudes perpetrados por el MAS en el pasado. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha intentado en dos ocasiones contratar una empresa para revisar el padrón, dichos intentos han sido frenados alegando dificultades burocráticas. Sin embargo, todo indica que las razones detrás de esta situación son mucho más complejas.
La problemática del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Perú es un desafío que requiere de acciones contundentes por parte de ambos países. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, así como promover una cooperación internacional efectiva para combatir este flagelo. Además, es esencial que los gobiernos se comprometan en la erradicación de los cultivos de coca ilegal y en la implementación de programas de desarrollo alternativo para las comunidades afectadas por el narcotráfico.
La superación de este desafío requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre Bolivia y Perú, así como de la colaboración de otros actores internacionales. Es necesario que se implementen políticas integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias del narcotráfico, promoviendo la seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos. Solo así podremos avanzar hacia una frontera segura y libre de drogas, en beneficio de ambas naciones y de la región en su conjunto.
Fuentes: Infobae
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