El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación formal de una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlo de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado y de haber permitido la infiltración del narcotráfico en las instituciones del estado.
Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el coordinador de las y los diputados federales del PAN, Elías Lixa, afirmó que existen “hechos notorios, investigaciones y denuncias públicas” que evidencian la relación entre autoridades sinaloenses y grupos criminales, por lo que exigió una investigación “sin encubrimientos ni cálculos políticos”.
“El PAN no acepta lo que es inaceptable. Exigimos justicia en Sinaloa y que los narcogobernantes sean sancionados”, declaró.
Lixa explicó que la solicitud de juicio político busca impedir que Rocha Moya pueda reincorporarse al cargo y recuperar fuero constitucional, mientras se desarrollan investigaciones relacionadas con presuntos delitos ligados al narcotráfico.
En el mismo acto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de proteger a funcionarios de Morena señalados por presuntos nexos criminales, al tiempo que aseguró que existe un trato distinto hacia gobiernos de oposición.
“El verdadero fuero en México hoy es pertenecer a Morena”, sostuvo.
Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, aseguró que Estados Unidos cuenta con “una tonelada de pruebas” contra Rocha Moya y afirmó que Morena busca desviar la atención pública con “distractores”.
Además, legisladores panistas adelantaron que el próximo miércoles presentarán en el Senado una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que el crimen organizado intervino en la conformación y operación de las instituciones estatales.
Durante la conferencia, dirigentes y legisladores del PAN también mencionaron casos relacionados con funcionarios y gobiernos de Morena en entidades como Baja California, Tamaulipas y Tabasco, insistiendo en que debe investigarse cualquier presunta relación entre autoridades y grupos criminales.
Finalmente, Acción Nacional aseguró que agotará todas las vías legales e incluso recurrirá a instancias internacionales para exigir sanciones contra funcionarios que, afirman, hayan colaborado con el crimen organizado.
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