El estado se convirtió en el primero del país en firmar un Acuerdo de Entendimiento con el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación; habrá cursos, diplomados y seminarios para actualizar al personal ante los cambios de la reforma judicial.
Quintana Roo abrió una nueva vía de capacitación para quienes trabajan en el servicio público, luego de convertirse en la primera entidad del país en concretar un Acuerdo de Entendimiento con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación.
El acuerdo fue firmado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, con la participación de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyvés Zárate, así como representantes del Gobierno de Quintana Roo y de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
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La apuesta no se limita a capacitar al personal: busca que la actualización de quienes trabajan en las instituciones públicas termine reflejándose en mejores servicios y atención para la ciudadanía, particularmente en un momento en que el sistema de justicia mexicano atraviesa cambios derivados de la reforma judicial.
¿Qué contempla el acuerdo?
El convenio permitirá ampliar las opciones de formación especializada mediante:
- cursos;
- talleres;
- seminarios;
- diplomados;
- conferencias.
Las actividades estarán enfocadas en la profesionalización y actualización de servidores públicos, con especial atención a los cambios que implica la reforma judicial.
El objetivo planteado por las instituciones es fortalecer conocimientos y herramientas que permitan mejorar el desempeño de quienes atienden directamente a la población.
En otras palabras, el acuerdo busca llevar la discusión sobre la reforma judicial del ámbito normativo a la capacitación cotidiana de quienes forman parte del servicio público.
Quintana Roo, primero en concretar este acuerdo
Uno de los datos que coloca a Quintana Roo en el centro de esta estrategia es que, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el convenio, es la primera entidad federativa en alcanzar un acuerdo de este tipo con el Órgano de Administración Judicial.
La relevancia está relacionada con el momento que vive el Poder Judicial de la Federación.
La reforma constitucional de 2024 modificó de manera profunda la estructura del Poder Judicial federal y estableció nuevos mecanismos para la integración y funcionamiento de sus órganos. Entre ellos se encuentra el nuevo esquema de administración judicial.
La propia normativa federal contempla que la formación y actualización del personal judicial deben sujetarse a principios como profesionalismo, independencia, imparcialidad y excelencia.
Además, la actual estructura del Poder Judicial federal contempla al Órgano de Administración Judicial como responsable de funciones administrativas y de gestión, mientras que la formación judicial mantiene un papel central para la capacitación y actualización del personal.
La capacitación busca llegar hasta el servicio que recibe la ciudadanía
Durante la firma, Mara Lezama planteó que el propósito final del acuerdo debe medirse en la atención que reciben las personas.
“El objetivo es el beneficio de la gente, del pueblo; es ofrecer un mejor servicio a través de esta profesionalización”, señaló la gobernadora.
Ese punto es particularmente relevante porque la profesionalización del servicio público no se reduce a obtener certificados o asistir a cursos.
En junio pasado, por ejemplo, el Gobierno de Quintana Roo informó que más de 500 servidores públicos de 26 dependencias y organismos desconcentrados participaron en una jornada de capacitación en fundamentos de inteligencia artificial, con apoyo del Tecnológico de Monterrey.
También existe una estrategia estatal de certificación en materia anticorrupción. En 2026, la administración estatal reportó avances en la formación de servidores públicos mediante estándares de competencia y capacitación especializada para fortalecer las labores de fiscalización y control gubernamental.
El nuevo acuerdo con el Poder Judicial Federal amplía esa lógica hacia la formación vinculada con el nuevo escenario judicial.
Un estado que ya venía apostando por la profesionalización
La firma no ocurre de manera aislada.
Quintana Roo ya había establecido mecanismos de coordinación con instituciones académicas y judiciales para fortalecer la preparación de su personal.
Entre los antecedentes se encuentra el trabajo de profesionalización impulsado desde la administración estatal y convenios anteriores con instituciones del ámbito judicial. Incluso documentos oficiales del estado han reportado programas de educación continua y especialización para servidores públicos de áreas jurídicas.
En materia de capacitación vinculada con justicia, el propio Gobierno estatal también ha señalado que preparar a los servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía puede contribuir a reducir errores y fortalecer la integración de los procedimientos.
La Escuela Federal de Formación Judicial, por su parte, mantiene presencia regional en Cancún y Chetumal, dentro de su red de extensiones en el país, lo que ofrece infraestructura institucional para actividades de formación judicial en Quintana Roo.
¿Por qué importa para los quintanarroenses?
Aunque el acuerdo está dirigido principalmente a la formación de servidores públicos, su impacto esperado está en la calidad de los servicios que reciben las personas.
La lógica es sencilla: personal mejor capacitado puede contar con más herramientas para atender trámites, procedimientos y asuntos públicos, particularmente en áreas donde los cambios legales y administrativos exigen actualización constante.
Para Quintana Roo, además, el convenio abre una puerta de colaboración directa con la estructura federal encargada de la administración del Poder Judicial en un momento de transformación institucional.
El reto ahora será que los cursos, diplomados y seminarios anunciados se traduzcan en resultados medibles: servidores públicos mejor preparados, procesos más claros y una atención más eficiente para quienes acuden a las instituciones.
La firma representa, por ahora, el punto de partida de esa estrategia.
Fuente: qroo.gob.mx
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