Al conceder el amparo a la organización Artículo 19, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, en la que se estableció que antes del 30 de abril de ese año el Congreso de la Unión debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, responsable del proyecto, destacó que esta resolución representa un parteaguas, ya que es la primera vez que se ordena al Poder Legislativo emitir una ley a través de un juicio de amparo.
“Es un parteaguas en la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía porque por primera vez hay un medio al alcance de los ciudadanos para obligar a los poderes legislativos a que cumplan con la Constitución. A través de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, ya habíamos tenido ejercicios de omisiones legislativas, pero aquí no son los ciudadanos lo que acuden, sino son distintos órdenes de gobierno”
En su sentencia, los ministros determinaron que la omisión de expedir dicha legislación viola la libertad de expresión, de prensa y de información y destacaron que este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.
Por ello, Zaldívar Lelo de Larrea llamó al Congreso de la Unión a acatar la sentencia para concretar el cambio cultural.
“Si no se cumpliera con la sentencia ya sería un problema que tendremos que analizar en su momento; yo prefiero apostar a que podemos lograr un cambio cultural porque me parece preocupante que cuando la Suprema Corte ha emitido una sentencia, la discusión se dé qué pasa si la incumple; yo creo que esto no debería ser materia de discusión”.
El fallo de la Corte destaca que la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas gubernamentales.
Ante ello, Ricardo Luevano, integrante de Artículo 19 calificó de histórica la resolución del máximo tribunal del país.
Finalmente, los ministros de la Primera Sala resolvieron que todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados. Fuente: MVS Noticias
