La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo determinó que hay elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político en contra del ex secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de la administración pasada, Juan Pablo Guillermo Molina y acordó proponer ante el Pleno Legislativo, se dé inicio a este procedimiento.
En sesión privada –con fundamento en el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo- los integrantes de la Comisión de Justicia dieron cumplimiento a la determinación del juez sexto de distrito, quien la semana pasada ordenó dejar sin efectos el resolutivo que emitió la Comisión de Justicia de la Decimocuarta Legislatura, la cual desechó la petición hecha por la agrupación civil “Somos Tus Ojos Por la Transparencia de Quintana Roo” en contra del ex titular de SEFIPLAN.
El pasado 27 de marzo el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo resolvió el amparo a favor de la organización “Somos Tus Ojos” y con ello instruir también al Congreso del Estado para que “con libertad de jurisdicción y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, dicte otro siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación”, señala uno de los resolutivos.
El diputado Fernando Levín Zelaya, secretario de la Comisión de Justicia, informó al término de la reunión, que se determinó concluir con un dictamen en donde se le da procedencia al juicio político en contra del ex servidor público a partir de la denuncia interpuesta por “Somos Tus Ojos”.
“El día de hoy ya se tiene con libertad de jurisdicción la posibilidad de poder dictaminar este caso y, con base en ello, se resolvió hacer del conocimiento del pleno legislativo que existen elementos suficientes que configuran la posibilidad de abrir un juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, acuerdo que será puesto a consideración del pleno seguramente en la siguiente sesión”, dijo el legislador.
El siguiente paso, de aprobarse este acuerdo propuesto por la Comisión de Justicia, es avanzar en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del Congreso del Estado. Redacción
