UIF congela cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con “Los Chapitos” en investigación de EE.UU.
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva las cuentas bancarias de 10 personas señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La medida fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el bloqueo de cuentas busca proteger al sistema financiero mexicano mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntas operaciones ligadas al Cártel de Sinaloa.
El caso tomó fuerza luego de que dos exfuncionarios cercanos a Rocha Moya se entregaran a autoridades estadounidenses:
- Gerardo Mérida Sánchez
- Enrique Díaz Vega
Ambos forman parte de un grupo de políticos sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con la facción de “Los Chapitos”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Acusaciones por narcotráfico y protección criminal
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, los exfuncionarios habrían facilitado operaciones delictivas, además de brindar protección a estructuras criminales a cambio de pagos y respaldo político.
Entre los cargos que enfrentan se encuentran conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense y posesión de armas de fuego.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que la entrega de los exfuncionarios fue una decisión personal y rechazó que exista una crisis política para Morena derivada de este caso.
No obstante, dejó claro que su gobierno no protegerá a funcionarios involucrados en actos ilícitos.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie que no actúe con honestidad”, declaró.
Sin investigaciones abiertas en México
Pese al congelamiento de cuentas ordenado por la UIF, legisladores de Morena señalaron que la Fiscalía General de la República todavía no ha iniciado carpetas de investigación formales en territorio mexicano contra los señalados por Estados Unidos.
El caso ha generado fuerte polémica debido a la cercanía política de varios de los involucrados con el gobierno de Sinaloa y por las implicaciones internacionales de las acusaciones relacionadas con el narcotráfico.
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