El Estado mexicano contrademandó a Calica y solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que resuelve la disputa internacional, que la trasnacional pague daños ambientales por mil 500 millones de dólares.
Esto surge después de que la filial de Vulcan Materials Company reclamara la misma cantidad en daños ambientales.
México, en su escrito de reconvención del expediente internacional ARB/19/1, respondió a las pretensiones de Vulcan Material Company y solicitó al tribunal que declare improcedente la demanda de Calica, ya que actuó de mala fe en prolongar la explotación de material pétreo en Playa del Carmen, cuando solo contaba con permisos de 20 años.
Calica presentó una demanda de arbitraje internacional en 2019 después de que se clausuraron los predios donde extraía material pétreo que era enviado a Estados Unidos.
El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador sostiene que la demanda de la trasnacional es infundada.
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