El desfalco que Javier Duarte de Ochoa ocasionó en la entidad obligó a la actual administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares a presentar ante el Congreso del Estado una propuesta de reestructuración de la deuda pública, la cual este martes fue discutida en sesión extraordinaria de la XLIV Legislatura y no se logró su aprobación.
Mientras Duarte sigue prófugo, Yunes Linares advirtió que, de no actuar mediante esta estrategia, a partir de mayo no habría la solvencia económica para el pago de burócratas del Poder Ejecutivo y, además, el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) tendrá que detenerse, toda vez que se tendría que pagar alrededor de mil millones de pesos mensuales de interés, tan sólo de la deuda actual.
Pese a ello, en la Cámara local, integrada por 50 congresistas, se obtuvieron 25 votos a favor, entre el PAN y el PRD, y 25 en contra, de las fracciones legislativas del PRI y Morena.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo, Sergio Hernández Hernández, indicó que el colapso impactará en todos los sectores y los ocho millones de veracruzanos, de alguna manera, resentirán las consecuencias.
“En un par de meses -señaló-, cuando ya los bancos empiecen a exigir los pagos adelantados, obviamente no habrá dinero ni para los empleados del Congreso ni para los empleados del Congreso, ni para las dependencias ni para la Fiscalía, porque si hoy nos descontaban 328 millones de pesos al mes, de los cuales 75 por ciento se iban a intereses, cuando en un par de meses, lleguen las penalizaciones, las alertas de las instituciones financieras, no nos van a descontar eso, nos van a descontar el triple, es decir 900 o mil millones de pesos”.
El pasado el 24 de enero, el gobernador envió al Congreso veracruzano una solicitud de autorización para la renegociación de 21 créditos que se mantienen con la banca de desarrollo e instituciones privadas, advirtiendo la necesidad de llevar a cabo el procedimiento, o de lo contrario, el déficit financiero crecería más hasta llegar a los 25 mil millones de pesos.
Sin embargo, al no aprobarse dicha propuesta, no se podrá refinanciar el pasivo con las instituciones financieras y las reservas económicas de la tesorería estatal, tampoco se podrá hacer frente al gasto corriente y al pago de intereses de la actual deuda; los fondos sólo alcanzan hasta el mes de abril.
En tanto, durante la discusión del proyecto que se prolongó por tres horas, el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández, aseguró que la reestructura de la deuda “era una necesidad y no un capricho”.
En contraparte, el líder la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Amado Cruz Malpica, sostuvo, que su fracción no podía avalar un “chantaje” al Congreso del Estado orquestado por el PAN, el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés, y el Revolucionario Institucional (PRI).
“Había una danza de cifras que no nos quedan claras, preguntando por qué el refinanciamiento pasó de 42 mil millones de pesos a 46 mil millones; además, en vez de 21 créditos a renegociar fueran 18 y que en vez de que el plazo fuera de 50 años, como lo pidió el mandatario, se estableciera en 30 años”, señaló. (Fuente: Aristegui Noticias)
