Cancún.- La exigencia de justicia por parte de familiares y colectivos de búsqueda dio un paso significativo, luego de que el Poder Judicial vinculara a proceso a dos servidores públicos señalados por haber frenado, ignorado y retrasado durante años la investigación del caso de Francisca Mariner Patrón.
Francisca desapareció en 2020; fue localizada sin vida ese mismo año, pero su familia no lo supo sino hasta cuatro años después, debido a omisiones institucionales que mantuvieron su cuerpo en resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo) como si fuera una persona no identificada.
De acuerdo con María Patrón Pat, madre de la víctima y presidenta del colectivo Madres Buscadoras, la sanción a los funcionarios no responde a iniciativa propia de las autoridades, sino a la presión social y legal ejercida por familiares y organizaciones, que durante años denunciaron la falta de respuestas.
Uno de los funcionarios procesados es el fiscal de Homicidios, Luis Fernando “N”, quien nunca ordenó el perfil genético del cuerpo, pese a que los peritajes ya indicaban que pertenecía a una mujer joven. Tampoco turnó el expediente a la unidad especializada, ni entregó información cuando se le solicitaron coincidencias con personas desaparecidas.
La segunda implicada es la agente del Ministerio Público, Maribel “N”, quien permitió que la carpeta de investigación quedara prácticamente congelada durante más de cuatro años, obligando a la familia a vivir en incertidumbre pese a que el cuerpo de Francisca ya estaba bajo resguardo estatal.
Ambos funcionarios seguirán el proceso sin poder salir del estado y deberán firmar de manera periódica.
Para los colectivos, esta decisión representa un mensaje directo: la negligencia también puede y debe ser sancionada.
“No fue el gobierno, fuimos las familias las que logramos que se abriera este proceso, no es justicia completa todavía, pero es el principio para que ninguna autoridad vuelva a decidir quién merece ser identificada y quién no”, expresó la madre de Francisca.
