En las últimas horas se ha dado a conocer que el gobierno de Estados Unidos canceló las visas de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, así como las de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que explique las razones específicas de esta determinación. Se trata de una decisión administrativa que, por el momento, no tiene una justificación pública por parte de ese país.
De acuerdo con información publicada por el medio El Financiero, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias líneas de indagatoria en las que aparece el nombre de la alcaldesa. De acuerdo con esas fuentes, las investigaciones se centran en tres posibles vertientes: el uso de recursos públicos del municipio, operaciones relacionadas con hidrocarburos —conocido como huachicol fiscal— y contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Es importante subrayar que todo esto se encuentra en una etapa de investigación preliminar. Hasta el cierre de esta nota, la FGR no ha formulado imputaciones formales contra Ana Patricia Peralta, no se ha dictado una orden de aprehensión en su contra y tampoco existe una resolución judicial que determine responsabilidades en estos señalamientos.
Cabe recordar que la alcaldesa, quien gobierna uno de los municipios más importantes del país por su peso turístico, ya había enfrentado cuestionamientos públicos en meses pasados. En octubre de 2025, ante el Congreso del Estado, negó tener vínculos con grupos delincuenciales y aseguró que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 291 millones de pesos ya habían sido atendidas y subsanadas.
Lo que se sabe hasta ahora es que, por un lado, la alcaldesa tiene cancelado el acceso a territorio estadounidense sin que se haya dado una causa oficial; y por otro, que en México hay una investigación abierta que sigue su curso. No hay, en ninguno de los dos casos, una conclusión definitiva ni una sentencia que señale a la funcionaria como responsable.
Fuente: El Financiero
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