El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, y el del senador Adán Augusto López Hernández volvieron a surgir en el centro de una controversia judicial. Durante la audiencia de imputación del excontralmirante Fernando Farías Laguna, realizada este jueves ante una jueza de control, los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron lectura a testimonios que mencionan a ambos políticos en el contexto de la trama de huachicol fiscal.
El periodista Arturo Ángel reportó que en la audiencia los fiscales hicieron referencia a ‘Andy’ López Beltrán y Adán Augusto López Hernández. El abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, confirmó que los fiscales incluso leyeron ante el juez un testimonio que previamente había sido difundido y que, de acuerdo con el periodista, la propia FGR había negado.
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Los testimonios que mencionan a ‘Andy’ y Adán Augusto
De acuerdo con el expediente de la causa penal 325/2025, al menos dos declaraciones de testigos trazan una cadena de protección política en la red de huachicol fiscal. El daño al erario por evasión de impuestos y aranceles en esta red asciende a 177 mil millones de pesos.
Uno de los testimonios proviene del testigo protegido con clave “Santo”, identificado por el periodista Arturo Ángel como el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico. En su declaración, Torres relató que, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico con 10 millones de litros de diésel de contrabando, contactó a operadores de la red para advertirles que los involucrados “tienen miedo de su situación”. La respuesta que recibió fue que se trataba de un “choque político” entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y “el hijo del presidente”, pero que “ya llegaron a un acuerdo”.
En ese mismo testimonio, “Santo” describe el muelle al que llegaban los buques, a quién estaba concesionado y la relación entre ese concesionario y el senador Adán Augusto López Hernández. Epigmenio Mendieta lo precisó:
“Él explica a dónde llegaron los barcos, a qué muelle, quién está concesionado ese muelle y de ahí sale la relación que tiene el concesionario de ese muelle con el senador de la República” .
El segundo testimonio proviene de Juan Carlos Soto Pichá, subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, cuyo relato se concentra en la operación del 21 de marzo de 2025 con el buque cisterna Torm Agnes.
Durante la audiencia, los fiscales de la FGR dieron lectura a estas declaraciones. El abogado Mendieta reveló que los testimonios refieren que “cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le va a hablar por teléfono a Andy para que lo destrabe, es decir, que Andy le va a hablar al Secretario de la Marina para que lo destrabe”. Por otra parte, “Santo” sugiere que los muelles 289 y 290 “pertenecen a un compadre o un amigo de un político muy importante de Tabasco”.
La postura de la defensa y la negación de la FGR
Mendieta también aseguró que, según su defensa, no existen comunicaciones directas entre su cliente y los mencionados. La FGR aseguró los teléfonos celulares de Manuel Roberto Farías y, según el abogado, no encontró comunicación que vincule a su cliente con ‘Andy’ López Beltrán o Adán Augusto.
El 17 de agosto, la FGR publicó un comunicado en el que calificó como “falsa” la información periodística que aseguraba contar con testigos protegidos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia precisó:
“El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto” .
Sin embargo, el comunicado no niega la existencia de testimonios dentro de la carpeta de investigación que hacen referencia al “hijo del presidente”, sino que aclara que esos elementos no alcanzan la fuerza legal para abrir una indagatoria formal.
Lo que sigue
La audiencia de Fernando Farías Laguna continuará en los próximos días, donde se definirá su situación jurídica. Las menciones a ‘Andy’ López Beltrán y Adán Augusto, aunque forman parte del expediente, no implican por sí mismas que sean responsables de delito alguno. La FGR ha sido clara en que no cuenta con pruebas suficientes para iniciar una investigación en su contra.
El caso, sin embargo, mantiene en vilo a la opinión pública y reaviva el debate sobre el huachicol fiscal, una red que, según las indagatorias, causó un daño al erario de 177 mil millones de pesos.
Fuentes: Infobae / El Financiero / Tiempo / Latinus
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