CANCÚN, Q. ROO. — Tras más de una década de disputas legales, el litigio por la titularidad de un terreno de 20 hectáreas en el ejido Alfredo V. Bonfil concluyó de manera definitiva en tribunales, ratificando la propiedad a favor de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). El predio,reclamado desde 2012 por el empresario José Juárez Gil —conocido popularmente como “Pepe Tigre”—, se ubica sobre el kilómetro 14.5 del bulevar Luis Donaldo Colosio y cuenta con una estimación comercial que supera los 250 millones de pesos debido a su alta plusvalía sobre la carretera al Aeropuerto Internacional de Cancún.
Frente a versiones imprecisas difundidas en plataformas digitales, autoridades locales aclararon que el terreno en disputa no forma parte de la Zona Hotelera, sino que corresponde a la reserva territorial sobre el corredor del bulevar Colosio.
Antecedentes ambientales y estatus de la fauna silvestre
La controversia legal en torno al predio de Bonfil se entrelazó históricamente con los procedimientos administrativos de las autoridades ambientales federales respecto a la tenencia de ejemplares exóticos:
- Inspecciones y aseguramientos de Profepa: En 2011, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 10 ejemplares —ocho tigres de Bengala y dos jaguares— al no acreditarse la documentación de legal procedencia. Inspecciones posteriores confirmaron que el terreno no albergaba fauna silvestre, registrando únicamente jaulas vacías e infraestructura deteriorada.
- Situación actual del empresario: Tras el cierre definitivo en 2005 del histórico restaurante Pepe’s Tigersubicado en la Zona Hotelera a causa del huracán Wilma, el empresario de 82 años reside actualmente en los vestigios de dicho inmueble acompañado por Spetsnaz, un jaguar de siete años del cual mantiene la acreditación legal correspondiente.
Postura institucional y reacciones en la comunidad
Respecto al fallo judicial, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora Aguilera, enfatizó que el expediente no inició bajo la gestión estatal vigente, sino que atravesó tres administraciones hasta alcanzar su resolución inapelable en la última instancia del Poder Judicial.
- Cumplimiento de sentencias: La autoridad estatal sostuvo que la actuación de la Agepro se apega estrictamente al cumplimiento de los mandatos emitidos por los jueces y a los marcos normativos en materia de regulación de bienes públicos y vida silvestre.
- Debate social: Mientras sectores de simpatizantes y defensores del empresario perciben el dictamen como un despojo de sus aspiraciones para construir un santuario animal, colectivos ambientalistas y académicos señalaron que el caso sienta un precedente sobre la regulación del manejo de fauna silvestre y la certeza jurídica de la tierra en zonas de alto desarrollo urbano.
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