Productores del Bajío y del sur-sureste recibirán respaldo económico tras bloqueos y caída de precios
En una jornada maratónica de negociaciones que se extendió hasta la madrugada de hoy miércoles 29 de octubre de 2025, el Gobierno de México y representantes de más de 90 mil productores de maíz blanco alcanzaron un acuerdo histórico para enfrentar la crisis provocada por la caída internacional de precios. El pacto contempla un apoyo directo de 950 pesos por tonelada, con el objetivo de garantizar la rentabilidad del cultivo y evitar el colapso económico de miles de familias campesinas.
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El acuerdo fue sellado en la Secretaría de Gobernación tras más de seis horas de diálogo entre autoridades federales, estatales y líderes agrícolas.
La presidenta Claudia Sheinbaum,junto con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué, encabezaron las conversaciones que pusieron fin a los bloqueos carreteros registrados en varios estados del país.
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¿En qué consiste el apoyo?
El paquete económico acordado incluye un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz blanco, distribuido de la siguiente manera:
800 pesos aportados por el gobierno federal.
150 pesos cubiertos por los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Este apoyo será válido para productores que comercialicen hasta 200 toneladas, lo que busca beneficiar principalmente a los pequeños y medianos agricultores del Bajío, una de las regiones más afectadas por la caída de precios.
Además, se anunció que en 2026 se incluirán apoyos adicionales para productores del sur-sureste, especialmente aquellos que cultivan maíz nativo, como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria y proteger las variedades tradicionales del grano.
Contexto de la crisis
Durante 2025, el precio internacional del maíz blanco ha registrado una caída de más del 21%, lo que generó una ola de protestas en estados clave como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Los productores denunciaron que los costos de producción superaban los ingresos por venta, lo que ponía en riesgo la viabilidad del cultivo y la seguridad alimentaria nacional.
Los bloqueos carreteros, que afectaron rutas estratégicas del país, fueron levantados tras el anuncio del acuerdo, en un gesto de confianza hacia las autoridades y como muestra de voluntad para retomar el diálogo institucional.
Medidas complementarias
Además del apoyo económico, el gobierno anunció una serie de medidas estructurales para atender la problemática del campo:
Creación de un sistema nacional de precios justos para el maíz, que permita estabilizar el mercado y evitar especulaciones.
Ampliación del programa “Sembrando Soberanía”, enfocado en fortalecer la autosuficiencia alimentaria y apoyar a comunidades rurales.
Entrega directa de apoyos, sin intermediarios, para garantizar transparencia y evitar prácticas corruptas.
Estas acciones buscan no solo atender la coyuntura actual, sino también establecer bases sólidas para una política agrícola más equitativa y sostenible.
Voces del acuerdo
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de proteger al pequeño productor:
“Vamos a apoyar de manera muy importante al que sigue sembrando maíz nativo. Es parte de nuestra identidad y de nuestra soberanía.”
Por su parte, Julio Berdegué, titular de SADER, subrayó que el acuerdo brinda certidumbre en un momento crítico:
“Este pacto demuestra que el diálogo es el camino para resolver los grandes desafíos del campo mexicano.”
Implicaciones
Este acuerdo representa un punto de inflexión en la política agrícola nacional, al reconocer la urgencia de proteger a los productores frente a las dinámicas del mercado global. También marca un compromiso firme con la soberanía alimentaria, la transparencia en la entrega de apoyos y la preservación del maíz nativo, símbolo cultural y estratégico de México.
Con este paso, el gobierno busca reconstruir la confianza con el sector agrícola y sentar las bases para una nueva etapa de colaboración, desarrollo rural y justicia económica.