A poco más de un mes de haber sido instaladas, cámaras inteligentes de seguridad y botones de pánico colocados en los 42 puntos de ascenso y descenso del transporte público sobre el bulevar Kukulcán fueron vandalizados, informó Ricardo Archundia Sánchez, titular del Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo (Infratur). Aunque los equipos dañados ya fueron restituidos, persisten preguntas sin respuesta oficial: ¿cuántos equipos fueron afectados? ¿Cuánto costó reponerlos? ¿Cuánto tiempo permaneció la zona sin videovigilancia?
Un ataque detectado por el propio sistema
El funcionario explicó que los equipos fueron dañados por personas que posteriormente fueron detectadas gracias al propio sistema de videovigilancia. “Se instalaron y al mes y medio ya estaban vandalizando las cámaras”, señaló Archundia Sánchez. A través de las imágenes captadas, fue posible identificar las características de los responsables y el uniforme que portaban. Entre los detenidos se encontraba un trabajador de la construcción y una persona en situación de calle.
El costo: dispositivos de alta gama
Archundia Sánchez indicó que se desconoce el monto exacto de los daños, debido a que corresponde a las autoridades determinar el valor del equipo. Sin embargo, destacó que no se trata de cámaras convencionales, sino de dispositivos inteligentes de alta resolución y, por ello, de un costo elevado.
De acuerdo con James Tobin Cunningham, coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, cada cámara de este tipo tiene un costo aproximado de 600 mil pesos (alrededor de 30 mil dólares) y su adquisición no estaba contemplada en el plan original del C5, por lo que la iniciativa privada ha intervenido para impulsar su instalación. Una cámara de estas características tiene un alcance de hasta tres kilómetros y permite identificar el rostro de una persona o una matrícula a 1.5 kilómetros de distancia.
¿Quién paga la reparación?
El costo de reposición recae en el Infratur (Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo), dependencia estatal que instaló los equipos en los 42 paraderos del bulevar Kukulcán como parte de un proyecto de modernización integral que busca elevar la seguridad y la experiencia del viajero en la Zona Hotelera. Las cámaras están conectadas directamente al centro de comando C5.
No se ha especificado si el sector hotelero, restaurantero o náutico —que según Tobin Cunningham ha participado en la reunión de recursos para adquirir estos equipos— asume alguna parte del costo de reposición tras actos de vandalismo.
¿Cuánto tiempo fuera de servicio?
No se ha documentado oficialmente cuánto tiempo permanecieron inoperantes las cámaras vandalizadas. La única referencia disponible es que los equipos dañados “ya fueron restituidos”, sin precisar el intervalo entre el daño y la reinstalación. En contratos de videovigilancia, los tiempos de restauración del sistema de CCTV suelen establecerse en un máximo de horas según la criticidad del incidente, pero la reposición de equipos de alto costo puede extenderse dependiendo de la disponibilidad de refacciones y la logística de instalación.
Una zona vigilada con recursos limitados
La Zona Hotelera de Cancún cuenta con 28 kilómetros y solo tres casetas policíacas, con un promedio de una cámara de videovigilancia por kilómetro. La apuesta por tecnología de alto costo busca compensar la limitada presencia policial. Además de las cámaras y botones de pánico, Infratur trabaja con empresarios de la zona de Plaza Party Center y el área conocida como el Callejón de los Milagros para reforzar las acciones de prevención.
Entre las medidas contempladas se encuentra la difusión de información sobre cómo actuar ante situaciones de extorsión, robo y otras incidencias, así como campañas permanentes en redes sociales. También se prevé la colocación de códigos QR y hologramas informativos que permitan a ciudadanos y turistas acceder a información de seguridad o emitir alertas que puedan ser canalizadas al C5 y a la Policía Turística.
El vandalismo a las cámaras del bulevar Kukulcán no es solo un acto de destrucción: es un golpe directo al presupuesto de seguridad y a la capacidad de monitoreo de la Zona Hotelera. Aunque los equipos ya fueron restituidos, persisten las preguntas sobre el monto real de la reparación, la empresa responsable de ejecutarla y el tiempo exacto que la zona permaneció sin vigilancia. Lo que sí es claro es que mantener vigilada la Zona Hotelera tiene un costo elevado, y ese costo —en pesos y en seguridad— lo termina pagando la colectividad.
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