Reforma a Ley de Amparo genera alerta judicial
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la Secretaría de Gobernación al Senado el pasado 15 de septiembre de 2025 ha generado preocupación entre especialistas y jueces, quienes advierten que podría significar un retroceso en la defensa de los derechos humanos en el país.
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En entrevista con Aristegui Noticias, la jueza Juana Fuentes Velázquez afirmó que la propuesta fue presentada sin un diagnóstico ni análisis profundo, lo que despierta dudas sobre su verdadera intención. Señaló que el proyecto tiene un sesgo “pro-autoridad”, ya que limita la protección de los ciudadanos frente a los actos de gobierno.
Uno de los puntos más delicados, advirtió, es la restricción a la suspensión del acto reclamado, medida cautelar que actualmente impide que los derechos sigan siendo vulnerados mientras se resuelve el juicio. “El riesgo es que cuando llegue la sentencia protectora ya no haya materia porque el daño sea irreparable”, subrayó.
La jueza explicó que la iniciativa establece la presunción de constitucionalidad de las leyes, lo que a su juicio contradice la esencia del juicio de amparo, diseñado precisamente como contrapeso frente a normas que vulneran derechos fundamentales.
También alertó sobre la limitación al interés legítimo, figura vigente desde 2013 que permite a colectivos y organizaciones no gubernamentales promover amparos en defensa de causas comunes como el medio ambiente o el acceso al agua. Con la nueva redacción, solo quienes acrediten interés jurídico podrían solicitar la protección.
En materia administrativa y fiscal, la reforma plantea que no proceda la suspensión cuando se invoque el “interés social o el orden público”, lo que, de acuerdo con Fuentes Velázquez, podría dejar a los contribuyentes en incertidumbre jurídica y abrir la puerta a abusos, especialmente en contra de las pequeñas y medianas empresas.
Añadió que estas modificaciones amenazan la independencia judicial y violan el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que en lugar de ampliar su protección, la restringen.
Finalmente, la jueza expresó su preocupación por el contexto político en el que se discute esta reforma, al advertir que una “aplanadora legislativa” podría aprobarla sin un debate profundo ni un verdadero ejercicio de parlamento abierto, a pesar de los llamados de la comunidad jurídica y de la sociedad civil a analizar con seriedad sus implicaciones.
